La Ley de Costas españolas fue promulgada en el año 1988, y esta ley es la que regula la protección del litoral, el dominio público marítimo-terrestre de la policía.
Respecto a la aplicación que sufre todo el litoral andaluz, más concretamente la costa gaditana se propuso un blindaje respetando todo su urbanismo salvaje y también contra los cambios climáticos. Con una aproximación de 195 kilómetros de blindaje a lo largo de toda la costa.
Esta propuesta se encuentra dentro de una Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, donde se hizo una intensiva selección de las zonas de la costa para de esta manera poder ampliar toda zona de paso de servidumbre de hasta 200 metros. Esta nueva estrategia es algo nuevo en nuestro país y la zona a elegir ha sido la costa de Cádiz. Para que las zonas elegidas se puedan conservar y de esta manera se mantenga el valor de la naturaleza y cultural que tienen hasta este momento.
En total han sido 24 tramos diferentes pertenecientes a 16 municipios. Entre los cuales están Barbate, El Pueto, Rota, Conil, Chiclana, Chipiona y Algeciras entre otros.
Actualmente 9 de estos tramos costeros ya han entrado en trámites para poder ser blindados. Los primeros en sufrir este blindaje empiezan en Barbate, el acantilado de la Breña, en Tarifa, Las Dunas de Rota o las del Puerto.
Si pensamos en lo que este blindaje o privatización supone para todas estas costas en primer lugar lo que se nos viene a la mente es la mejora de toda esta zona y el poder disfrutar indefinidamente de esta costa. Pero lo que todavía no se ha podido pensar es si esto se ha realizado únicamente por presiones y lo que es seguro es la pérdida económica que se sufrirá debido a una primera inversión en todas esas edificaciones construidas que ahora debido a la aplicación de la Ley de Costas deben ser derribadas.